En una reciente conferencia de prensa, Manuel Adorni, vocero presidencial del Gobierno de la Nación Argentina, anunció importantes cambios en el sistema de financiación pública que afectarán a miles de ciudadanos. A partir del próximo martes, el conocido programa Procrear, destinado a facilitar el acceso a la vivienda, dejará de funcionar en su forma actual. Esta medida se enmarca en un conjunto de iniciativas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei que buscan redefinir varias políticas públicas.

Lanzado en 2012 bajo el mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández, el programa Procrear fue concebido con el propósito de otorgar créditos estatales que hicieran posible la adquisición de viviendas para muchas familias. Al día de hoy, este programa ha sostenido económicamente unas 17,000 obras en curso, cuya continuidad se encuentra ahora en incertidumbre debido a las nuevas disposiciones anunciadas.

A su vez, Adorni anunció la implementación de un mecanismo innovador denominado «hipotecas divisibles». Esta nueva modalidad se introduciría para proyectos inmobiliarios en desarrollo y pretende compensar a los beneficiarios que, con la eliminación de Procrear, se verán afectados en sus procedimientos de financiación. El modelo de las hipotecas divisibles permitirá a los compradores adaptarse mejor al pago de sus viviendas por secciones, bajando potencialmente los requisitos financieros iniciales.

El actual Gobierno de Milei, desde su asunción, ha puesto en marcha una serie de reformas orientadas a optimizar el uso de recursos públicos. Estas reformas incluyen el cierre de diversos fondos fiduciarios que habían sido dispuestos para impulsar sectores estratégicos como la educación, salud, y agroindustria, entre otros. Según fuentes oficiales, estas medidas responden a una re-evaluación económica de dichas iniciativas y al objetivo de redireccionar los limitados recursos hacia otros sectores prioritarios.

El marco de estas transformaciones también ha tocado el Impuesto PAÍS, un gravamen aplicado sobre las transacciones en moneda extranjera que es ahora objeto de modificación. Cambios en su estructura han reducido considerablemente el flujo de fondos hacia programas sociales como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), al cual tradicionalmente se le asignaba un tercio del 30% de lo recaudado. Con las nuevas modificaciones, el porcentaje destinado a este fondo ha disminuido dramáticamente al 1%, evidenciando una reevaluación presupuestaria general encarada por la administración actual.